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MASACRE. LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ESPINOSA MAESTRE, Francisco: Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945). Sevilla, Aconcagua Libros, 2011, I.S.B.N.978-84-96178-43-4, 335 págs.
                                
    Este libro narra lo sucedido en una localidad media de la Baja Extremadura, desde los momentos del golpe militar del general Franco en 1936 hasta 1945, año en que podemos dar por acabada la primera represión franquista. Por tanto, no habla de la guerra civil –en Villafranca de los Barros no hubo guerra sino ocupación- sino de la postguerra. Quiero empezar advirtiendo al lector que no se trata de una historia local más. Las fuentes, la metodología, la estructura, la esmerada redacción y la bonita edición hacen de ella una obra singular dentro del panorama historiográfico español. Lo ocurrido en esta villa durante la postguerra sobrecoge por tres motivos que pasaremos a desarrollar:
Primero por la magnitud del genocidio, pues, mientras no se produjo ninguna baja en la derecha fueron fusilados más de medio millar de izquierdistas. Francisco Espinosa ha conseguido documentar unos 270, incluidas 27 mujeres, pero no es descabellado pensar que fuesen más del doble. Y ello sin contar a varios cientos más que sufrieron en el mejor de los casos desprecios o vejaciones y en el peor una buena temporada en la cárcel. Por el simple hecho de haber  repartido propaganda de algún partido republicano o haber defendido en una tertulia alguna idea progresista le podían caer a cualquiera doce años de cárcel. A muchos les pilló absolutamente desprevenidos pues, tras el paso de la columna de Asensio, regresaron a sus casas pensando que jamás serían procesados y condenados por el simple hecho de estar afiliados a algún partido o sindicato de izquierdas. Pero se equivocaron, pues, lo peor estaba todavía por llegar. Esta abultadísima asimetría entre los fallecidos de un bando y de otro prueba una vez más el proyecto de los golpistas de aniquilar físicamente al adversario. El precedente creado en Villafranca y en otras localidades sirvió para que el bando que permaneció con la República comprendiera que iban a ser exterminados, estuviesen sus manos manchadas de sangre o no. En adelante no habría tanta comprensión con los derechistas.
Segundo, por el extenso elenco de fuentes que maneja el autor, desde tesis de licenciatura inéditas hasta libros raros pasando, por supuesto, por todo tipo de manuscritos, tanto procedentes de archivos locales como nacionales. El autor lleva investigando la postguerra en su pueblo natal intermitentemente desde 1972, lo que equivale a decir que su libro es fruto de más de cuatro décadas de investigación. Esta amplia base documental unida a su larga, minuciosa y madura reflexión le han permitido elaborar un relato incontestable.
Tercero, por su gran sinceridad y objetividad. En un original capítulo titulado Los historiadores también tenemos historia, el profesor Espinosa, habla a corazón abierto de sus antecedentes familiares. Se sincera contando las conversaciones que mantuvo con su padre, que militó activamente en el falangismo local. Fue él quien le ofreció los primeros datos sobre lo ocurrido –aunque muy subjetivos- que después el autor pasaría a investigar y a cotejar. Por supuesto, como afirma el profesor Espinosa, este pasado familiar puede condicionar pero por encima de ello debe primar la profesionalidad del historiador, dispuesto siempre a contar la verdad, pese a quien pese y, como en este caso, afecte a quien afecte. A su juicio fueron precisamente los hijos de los vencedores los que más posibilidades tuvieron para estudiar carreras universitarias y, por tanto, los que por lo general pudieron reconstruir la historia de la represión. Suscribo plenamente sus palabras y voy incluso más lejos, pues Eric Hobsbawn ha escrito que los revolucionarios del siglo XX –aunque muy pocos hicieron la revolución- fueron en su mayor parte jóvenes intelectuales, con carreras universitarias y procedentes de familias acomodadas.          
Y cuarto, porque detrás de las cifras hay una semblanza personal de algunos de los depurados, especialmente de tres, del último alcalde republicano Jesús Yuste Marzo, de la maestra Catalina Rivero Recio y del entrañable José Molano Verdejo. A través de ellos, el autor reconstruye el drama de la postguerra. Debo confesar que he sufrido mucho leyendo esta obra y hasta he llorado; ¡me hubiese gustado tanto que la historia fuese otra!, pero fue la que fue. Uno siente impotencia y desánimo al comprobar las atrocidades que puede llegar a perpetrar el ser humano.
Los casos del último alcalde republicano de Villafranca de los Barros, Jesús Yuste Marzo, y de José Molano Verdejo, presidente de la UGT en tiempos del golpe, son especialmente sangrantes. Ambos fueron dos demócratas convencidos, enemigos radicales de la violencia. El primero dado que era panadero y padecía una cojera en una pierna se le apodaba como el Cojo de los Molletes. Su principal objetivo fue aliviar la extrema pobreza de las clases más desfavorecidas, asentando en parcelas a algunos yunteros y obligando a los principales empresarios agrícolas a ofrecerles jornales. Esos fueron sus principales delitos. En cuanto al segundo, arriesgo su vida para evitar que un grupo de descontrolados quemaran vivos a los derechistas que estaban retenidos en la sacristía. Ello no impidió que ambos fuesen condenados a muerte, en sendos consejos de guerra. Intervenciones de personas allegadas consiguieron conmutarles in extremis sus respectivas penas de muerte por las de cárcel. Pobre consuelo para dos personas buenas cuyas vidas quedaron marcadas por la sinrazón de la postguerra.
Pero lo ocurrido con la pobre de Catalina, la maestra enamorada fusilada con 35 primaveras cuando estaba ultimando los preparativos para desposarse, conmueve mucho más. Natural de Zorita (Cáceres) era la mayor de seis hermanos. Se graduó en magisterio en tan sólo tres años –en vez de cuatro- con la intención de ayudar a su padre –viudo- y a sus cinco hermanos. ¿Por qué la fusilaron? ¿había matado a alguien? ¿Había robado? ¿Había atentado contra las autoridades? Pues no, había perpetrado algo aún peor para los golpistas, estaba educando a sus pupilos en la libertad, en la igualdad entre hombres y mujeres, algo absolutamente inasumible para los que pretendían forjar la nueva España franquista sobre la fuerza de las armas. En el sumario se justifica la condena a muerte con el cargo de ¡rebelión! Estupendo, los rebeldes acusando de rebelión, es decir, el mundo al revés. Más sincero fue el párroco cuando anotó: fusilada por marxista. El general Cuesta Monereo, jefe del Estado Mayor de la II División, destacó la feliz noticia de la detención de la peligrosa maestra por dos valientes falangistas. En fin, sobran las palabras. Catalina, desapareció sin dejar rastro; alguien debería molestarse, no en hacerle un monumento que a lo mejor ella, tan discreta, nunca aprobaría, pero al menos sí en rotular su nombre en algún sitio donde la gente de bien pudiese llevarle rosas rojas.
Por el libro se pasean decenas de falangistas, derechistas y oportunistas, que nunca habían matado a nadie y que un buen día decidieron cruzar la línea y convertirse o en perpetradores del genocidio o en cómplices. Unos cogieron la pistola y comenzaron a pegar tiros en la nuca a todo aquel que no pensaba como ellos. Otros fueron denunciantes y jueces, mientras la mayoría justificó, ocultó, jaleó y hasta homenajeó a los asesinos.     
    Una vez perpetrado el genocidio urgía montar una buena coartada que resultase creíble a las generaciones venideras. Empezaron eliminando todas las pruebas documentales que pudieron y, después de tres décadas machacando con lo mismo, se impuso una gruesa losa de mentira que creo que ha llegado el momento de romper. Hechos que nunca ocurrieron o que ocurrieron muy puntualmente se les dio un carácter generalizado: amputaciones de miembros, violaciones, exclaustraciones de monjas, quema de iglesias, etc. Y la excusa más reiterada para justificar el genocidio lo constituyó la frase: ellos hubiesen hecho lo mismo si hubiesen ganado la guerra. No lo podemos descartar, pero no ocurrió y nunca podremos saber si hubiera sido así o no. En el caso concreto de Villafranca, que no hubo víctimas de derechas, la coartada oficial fue, como en otras muchas localidades de Andalucía y Extremadura, que dada la rápida entrada de las tropas del teniente coronel Asensio Cabanillas, no tuvieron tiempo de asesinar a los derechistas. E incluso se difundió la leyenda urbana de que tenían preparada una fosa común para ellos. Obviamente, la justificación raya lo absurdo; ¿cómo que no hubo tiempo? Fueron detenidos 114 derechistas, 60 en la cárcel y 54 en la sacristía; estuvieron presos más de veinte días cuando en tan sólo varias horas hubiesen podido acabar con todos ellos. En lo que concierne a la fosa jamás se ha encontrado la más mínima alusión a ella entre los documentos de la época, pese a que pudo haber constituido el mejor argumento justificativo para el bando vencedor. Se trata sin duda de un invento posterior nuevamente para justificar lo injustificable. Pese a quien pese, al menos en Villafranca, como afirma Francisco Espinosa, nunca hubo una voluntad real de acabar con la vida de los derechistas. El sufrimiento, las vejaciones, las humillaciones y los vacíos hacia las familias de los republicanos e izquierdistas depurados es algo que sólo se atisba en el libro de Espinosa y que habrá que seguir investigando en el futuro.
Duele comprobar que la España democrática, la misma que con orgullo se dedica a juzgar genocidios internacionales ocurridos muy lejos de nuestras fronteras tenga tantos muertos escondidos y haya corrido un velo de silencio sobre ellos. Espinosa ofrece  precisamente un dato muy significativo: sólo en la provincia de Badajoz hubo el triple de represaliados que en toda la dictadura del dictador chileno Augusto Pinochet. Creo que los españoles estamos ya preparados para conocer la verdad, sin venganzas y sin rencores. Simplemente se trata de conocer la magnitud del genocidio y de restaurar el honor de decenas de miles de personas y sus familias que fueron asesinadas y maltratadas durante décadas por el simple hecho de ser de izquierdas. Llama la atención y hasta indigna que casi todos los condenados a muerte fuesen acusados de rebelión, cuando los que se rebelaron contra la legalidad democrática fueron ellos. Y digo que indigna porque bien pudieron inventarse algún cargo más creíble.
    Creo que no se puede sostener por mas tiempo la mentira impuesta por los vencedores y que ha perdurado hasta el mismísimo siglo XXI. Hay demasiadas evidencias para seguir negando el genocidio. Ha llegado el momento de destapar la verdad, de empatizar con las víctimas y de saldar una vieja deuda pendiente que seguimos teniendo con los represaliados por el franquismo. No es posible pasar página mediante el olvido, como muchos han pretendido desde la Transición, sino conociendo y reconociendo los crímenes pasados. Es hora ya de darles voz a esos que Jean-Claude Schmitt ha llamado los marginales, es decir, a todos aquellos que la Historia dejó en el camino. Sólo así podremos realmente cerrar las heridas de este oscuro capítulo de nuestro pasado. En esa tarea está empeñado desde hace años el profesor Espinosa a quien debemos agradecer el esfuerzo de toda una vida por dar a conocer la verdad, por dura y dolorosa que ésta fuese.

Esteban Mira Caballos

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LOS INDIOS EL DERECHO CANÓNICO Y LA JUSTICIA ECLESIÁSTICA

Zaballa Beascoechea, Ana de (ed.): Los indios el Derecho Canónico y la justicia eclesiástica en la América virreinal. Madrid: Iberoamericana, 2011,  243 páginas.

    Este libro recoge las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Iglesia, justicia y población indígena en la América virreinal, celebrado en febrero de 2009. Se presentaron un total de nueve trabajos por parte de algunos de los principales especialistas en la temática, procedentes de diversos países de Europa y de América. Las ponencias se agrupan en tres bloques: el primero, analiza la relación de los nativos con el Derecho Canónico; el segundo versa sobre las visitas eclesiásticas y las campañas de extirpación de idolatrías; y el tercero, abunda sobre el uso que los nativos hicieron de los tribunales de justicia eclesiástica. El objetivo expreso del seminario era profundizar en el conocimiento que los indios tuvieron del Derecho Canónico y el uso que hicieron del mismo para conseguir sentencias a su favor.
    El libro comienza con un prólogo de Ana de Zaballa y una interesante introducción firmada por el profesor Jorge E. Traslosheros en la que sintetiza los principales aportes ofrecidos en la citada reunión científica. En su opinión, este uso que con frecuencia hacían los aborígenes de los tribunales de justicia eclesiástica pondrían en cuestión esa imagen estereotípica que tenemos de ellos como sujetos pasivos e ingenuos frente a los resabiados y malos conquistadores. Asimismo, destaca el trato favorable que siempre tuvieron aquéllos ante estos tribunales por su condición de cristianos nuevos y jurídicamente miserables. La justicia eclesiástica entendía que no era lo mismo cometer apostasía por maldad que por ignorancia.
    La primera ponencia la firma Thomas Duve quien trata de explicar la íntima vinculación entre el Derecho Canónico y el mundo indígena. Obviamente debió adaptar su tradicional ayuda a los más débiles –pupilos, viudas y huérfanos-, a la nueva realidad americana, donde había millones de nativos que necesitaban ser tutelados y convertidos. Por ello recibieron la condición de miserables, es decir, de personas menores de edad necesitadas de una especial protección. Fue precisamente esta condición jurídica lo que permitió que, al menos en teoría, los asuntos indígenas, perteneciesen a la jurisdicción eclesiástica y no a la civil.
En la segunda ponencia, Ana de Zaballa abunda en el conocimiento que los indígenas tuvieron del derecho eclesiástico, dado el frecuente uso que hicieron de los tribunales de justicia eclesiásticos. Los numerosos litigios que iniciaron y sus conocimientos jurídicos son, para la autora, una prueba evidente de la notable asimilación de las costumbres castellanas. Ahora bien, en mi opinión generalizar este conocimiento legal a todos o a la mayoría de los indios parece excesivo. En cualquier caso, habría que vincularlo a la élite indígena que no siempre defendía más intereses que los suyos propios.
    La tercera y la cuarta ponencia versan sobre distintos aspectos del III Concilio Mexicano y su relación con la población indígena, y están firmadas por Alberto Carrillo Cázares y Luis Martínez Ferrer. El primero abunda en los debates sobre cuestiones indígenas en dicho Concilio y el segundo en la legalidad y la libertad que allí se acordó para que se pudiesen desposar indios y negros. Y ello en coherencia con la doctrina tradicional de la Iglesia que, distanciándose del derecho romano, reconocía y auspiciaba la libertad como base del matrimonio, incluido el de los esclavos. Otra cosa era la práctica, pues, durante décadas los caciques continuaron admitiendo aquellas hijas que muchos de sus súbditos les entregaban para congraciarse con ellos, como habían hecho desde la época prehispánica.   
    Le siguen tres trabajos sobre las llamadas visitas de idolatrías. La primera de ellas de la profesora Macarena Cordero que trata de demostrar que estas visitas desarrolladas en el Perú llegaron a convertirse en una institución de Derecho Canónico. Al parecer, fue el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero el que las tipificó minuciosamente como institución, siendo reconocida oficialmente en el sínodo de 1613. Desde entonces la visita de idolatría quedó perfectamente regulada. Obviamente, la autora se posiciona en contra tanto de las tesis de Nicholas Griffiths, quien estima que jamás constituyeron una institución, como de las de Kenneth Mills y de Pierre Duviols quienes consideran que no fueron más que la variante indígena de la Inquisición.
El trabajo de Juan Carlos García hace hincapié en el estudio de la pervivencia de la idolatría en el arzobispado de Lima, denunciada por Francisco de Ávila. Este último había sido acusado de corrupto por una parte de la historiografía, pero el profesor García intenta rehabilitar su figura, desmintiendo dichas acusaciones y afirmando, por el contrario, que se movió exclusivamente por sinceras convicciones cristianas. Precisamente, a su juicio, Francisco de Ávila y el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero mostraron una clara determinación por acabar con la idolatría por motivos estrictamente  religiosos. Ahora bien, en mi opinión esta supuesta convicción religiosa no justifica la intransigencia que mostraron a la hora de reprimir las conductas sincréticas indígenas que en el fondo no fueron otra cosa que una forma de resistencia.  
El profesor Guibovich Pérez, en contraposición con lo que en este mismo libro sostiene la profesora Macarena Cordero, intenta demostrar que las campañas de extirpación de idolatrías sólo se pueden entender en el marco de la visita eclesiástica y nunca como un fenómeno desligado de ésta. De hecho, la visita fue a su juicio la piedra angular sobre la que se organizó la Iglesia después del Concilio de Trento. Para este autor, las campañas de extirpación de idolatrías no fueron ni mucho menos una institución sino simplemente una variante de la visita eclesiástica común.
    El trabajo de John Charles toma como fuente la obra de Felipe Guaman Poma de Ayala, escrita en 1615, para analizar el uso de la justicia eclesiástica por parte de los indígenas. No en vano, Felipe Guaman fue un excelente conocedor de la justicia eclesiástica y, como otros muchos, un incansable litigante.
    Y finalmente el profesor sueco Magnus Lundberg estudia algunos casos concretos de litigios entre indios y sacerdotes en el marco mexicano, ampliando a Nueva España, algunas de las conclusiones que John Charles aporta para el caso peruano. Y para defender sus derechos recurrieron tanto a los tribunales civiles como a los eclesiásticos. Muchas de estas denuncias están escritas en Náhuatl, con traducción adjunta y en ella se acusa con frecuencia a sacerdotes, como Gerónimo Frías Quijada, que desatendiendo su obligación de practicar la caridad cristiana cometieron todo tipo de tropelías. Concluye el autor que a través de estos escritos es posible escuchar la voz de los marginales que, como se ha demostrado a lo largo de este libro, conocían bien los mecanismos legales para formalizar sus reivindicaciones.
    En conclusión, este libro ofrece los últimos puntos de vista sobre las relaciones entre los indios y el Derecho Canónico, tanto a nivel teórico como práctico. Algunos de los puntos de vista aquí sostenidos pueden ser muy discutibles pero, en cualquier caso, constituyen una buena aportación al debate historiográfico.         
    
Esteban Mira Caballos

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